El AMPA LA ZULEMA del CEPR José Nogales, a través de un comunicado oficial, denuncia que desde junio del curso pasado, se está solicitando una segunda PTIS (Personal Técnico de Integración Social), siendo este personal el encargado de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
En la actualidad el CEPR José Nogales tiene 9 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales 2 están en un Aula Especifica con dictámenes donde figura la necesidad de una PTIS. Contamos tan sólo en la plantilla docente con 1 PTIS, encontrándose además de baja en la actualidad, sumando a esta eventualidad que el próximo 30 de enero se jubilará el educador con el que cuenta en Centro.
Esta situación hace que los 9 alumnos con necesidades especiales se encuentren en la actualidad sin recibir los apoyos educativos que le corresponden según la legislación vigente.
Ante esta situación, el AMPA LA ZULEMA hemos enviado varios escritos de los cuales no hemos tenido respuesta y hemos mantenido diversas reuniones con distintos miembros de la CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, iniciándose dichas conversaciones el pasado día 06 de noviembre del 2024, culminando dichas conversaciones con un correo electrónico datado el pasado día 13 de diciembre de 2024, de la jefa de servicio de Planificación y Escolarización, perteneciente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en el que se indica a los miembros del AMPA: “Que en la actualidad no disponen de ningún recurso disponible para cubrir la solicitud de ora PTIS».
Ante esta respuesta, desde el AMPA LA ZULEMA del CEPR José Nogales, no podemos más que denunciar esta situación de discriminación que está sufriendo el alumnado del Centro con necesidades educativas especiales, además de denunciar el incumplimiento por parte de la CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL perteneciente a la JUNTA DE ANDALUCÍA, de la legislación vigente, concretamente, la RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO 2024/2025.
La educación inclusiva es un objetivo central de la agenda política de nuestra Comunidad Autónoma, así como de la nacional e internacional. Parte de la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental y pone el foco en los grupos que afrontan más barreras al aprendizaje.
Se hace necesario impulsar procesos transformadores para mejorar la calidad de la educación con equidad y asegurar el derecho a la educación del alumnado en toda su diversidad.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado (artículo 4.3, b redacción dada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE). Y señala que, cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los principios del Diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.