En la provincia de Huelva hay un total de 20 municipios que no cuentan con agentes de la Policía Local. En concreto son Aroche, El Almendro, Almonaster, Berrocal, Cabezas Rubias, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Fuenteheridos, Los Marines, La Nava, Puerto del Moral, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la Real y La Zarza. El sindicato CSIF, tras el reciente anuncio de la Junta de Andalucía para aprobar la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía, espera que la normativa venga a dar solución a estas localidades onubenses.
Entre otros cambios que se contemplan en la mencionada ley, los municipios con 5.000 habitantes o más podrán tener un cuerpo de Policía Local compuesto por cinco funcionarios como mínimo. En cuanto a las localidades con menos población, podrán asociarse con otros municipios limítrofes para la prestación conjunta de este servicio si por separado no disponen de recursos suficientes para tener su propio cuerpo. Esta modificación es “fundamental” para CSIF con el objetivo de poder ofrecer “un servicio público de seguridad ciudadana eficaz y de calidad” donde todas las localidades puedan estar cubiertas.
Por otra parte, la central sindical -que ha participado activamente en la negociación de la ley- ha destacado la necesidad de profesionalizar las plantillas de Policía Local y la regulación y modernización de sus medios materiales, así como la mejora en el acceso a este cuerpo y su carrera profesional.
De la misma forma, CSIF ha rechazado la posibilidad de introducir la figura de auxiliar de Policía Local y permitir que los ayuntamientos utilicen a otros funcionarios municipales para realizar funciones de estos agentes en periodos puntuales. Este planteamiento, propuesto por la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), es según la central sindical “una traba más” cuyo objetivo es “entorpecer” la tramitación de la ley. Esa figura, además, ya fue excluida del anteproyecto porque “desnaturalizaba los cuerpos de policía y precarizaba las plantillas al conceder todas las potestades de agente de autoridad a trabajadores sin la cualificación y formación imprescindibles”, según CSIF. De igual manera, incumpliría una sentencia del Tribunal Constitucional (175/2011 del 8 noviembre dictada antes de la reforma de 2013) en la que se recoge cómo la Policía Local “no solo tiene naturaleza de fuerza y cuerpo de seguridad sino también funciones públicas que implican el ejercicio de la autoridad” por lo cual ese desempeño se reserva exclusivamente a personal funcionario.
Finalmente, la nueva norma también regulará el estatus de los más de los vigilantes municipales que realizan labores auxiliares de protección y seguridad.